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  • “El crimen organizado es un negocio y hay que golpearles donde mas les duele que es precisamente en sus recursos financieros”, sostuvo la senadora sonorense.

HERMOSILLO SONORA, 12 de octubre de 2012.- La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como objetivo atacar el sistema financiero de los grupos criminales expuso la senadora Claudia Pavlovich Arellano, al sostener que “de nada sirve meter a la cárcel a unos y a otros, sino se aborda la manera de golpear sus finanzas».

Entrevistada a su llegar al festejo del aniversario de la Universidad de Sonora, la senadora integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que el trabajo unido de esta comisión, con la de Justicia y la de Gobernación, permitió integrar el dictamen aprobado por el pleno que especifica y faculta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  a efectuar las investigaciones pertinentes, de detectar manejo “sospechoso” de grandes cantidades de dinero.

Teniendo como estándar a las operaciones de inmuebles mayores a los 500 mil pesos, compra de joyería y relojes por encima de los 100 mil pesos y la participación en juegos y sorteos mayores a los 42 mil pesos, entre otros movimientos, esta nueva ley, dijo, permite avanzar en la estrategia de debilitar a las organizaciones criminales.

“Hacia falta algo mas de fondo que simplemente estar metiendo a unos y a otro a la cárcel,  porque finalmente el crimen organizado es un negocio y hay que golpearles donde mas les duele que es precisamente en sus recursos financieros”, enfatizó al resaltar que esta ley justo es para eso… “para que se actúe cuando haya indicios de sumas fuertes en movimientos y que pudieran tener detrás alguna actividad ilícita”.

La también llamada ley antilavado requirió de un amplio estudio en la Cámara e Diputados, donde se le hicieron 63 modificaciones y al llegar al Senado de la República, explicó fue turnada a las comisiones unidas antes precisadas, concluyendo en el dictamen aprobado que le dio viabilidad y legalidad a la intervención en cuentas bancarias y manejo de dinero en efectivo en exceso.