Julio 2, 2013.- El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional denuncia públicamente una serie de desvíos millonarios de recursos públicos de parte del gobierno estatal de Baja california para favorecer a los candidatos del PAN a gobernador, alcaldes y diputados locales en los comicios que se celebrarán este 7 de julio.

Con base en una serie de documentos con los que cuenta el partido, se obtuvieron evidencias suficientes para presentar esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

A 48 horas de que concluya el periodo de campañas político-electorales, el CEN del PRI hace un enérgico llamado al Poder Ejecutivo de Baja California, y exige que cumpla con su deber ético y jurídico; que cancele toda acción ilegal que busque influir en la libre expresión democrática de los bajacalifornianos.

Entre las evidencias que hoy presentó el PRI ante la FEPADE, como parte de la denuncia, existen pruebas de que, mediante una serie de operaciones que coordinan funcionarios públicos estatales, se utilizan recursos humanos y materiales, para el pago de brigadistas que difunden acciones de gobierno y buscan comprometer a los ciudadanos para que voten por los candidatos del PAN.

El PRI tiene evidencias de que uno de los desvíos de recursos se realizó con dinero del Programa de Empleo Temporal, con un presupuesto estatal de 36 millones de pesos, mismo que sirvió para pagar a los brigadistas con nivel séptimo de la nómina del gobierno estatal.

Se destinaban sueldos de entre 12 y 20 mil pesos a coordinadores y brigadistas encargados de las operaciones ilegales. Obra en poder del PRI una lista de todos los miembros de esa estructura paralela que creó con fines electorales el gobierno estatal.

En el listado se incluyen nombres, domicilios, correos electrónicos y teléfonos; de coordinadores municipales, distritales, enlaces institucionales, jefes de sección, brigadistas y movilizadores, que comenzaron sus operaciones desde diciembre de 2011. Por ejemplo María Dolores Murrieta Andrade, que es la coordinadora municipal política en Mexicali, quien aparece en la Plantilla de Personal de la Secretaría General de Gobierno con un sueldo mensual de 50 mil pesos.

Adicionalmente, y de acuerdo con las evidencias obtenidas, la estrategia gubernamental comprende tres etapas: detección, operación y movilización, mediante las cuales se efectúa un análisis de las secciones electorales en todo el estado las cuales se clasifican por prioridad con los números 1, 2 y 3.

La operación que desarrolla el gobierno de Baja California incluye un diagnóstico comunitario de secciones prioritarias para detectar necesidades y programas de gobierno que poseen mayor impacto en el ánimo de la sociedad.

También incluye un mecanismo de mercadotecnia de contacto directo, mediante un barrido con encuesta inductiva, disfrazada de encuesta institucional, en la que invirtió el gobierno de Guadalupe Osuna Millán diez millones de pesos y que se denunció públicamente el sábado pasado.

Esta encuesta fue utilizada para etiquetar a los ciudadanos como “afines al PAN”, “Potenciales” y “Contras”.

Además el gobierno del estado de Baja California desarrolló un software que ilegalmente introdujo al sistema del gobierno, por parte del jefe de Informática de la Secretaría General de Gobierno, César Torres, para capturar los nombres de los ciudadanos considerados como afines y con capacidad de votar por el PAN.

Dicha estrategia, utiliza a la Universidad Tecnológica de Tijuana y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Baja California (CECyTE), ambas instituciones educativas estatales que fueron puestas al servicio de esta operación, por instrucciones directas del gobernador del estado.

Desde hace poco más de un año, en junio de 2012, previo a las elecciones federales, se empató el listado de “adicionados”, que son simpatizantes y militantes del PAN, con el del Padrón Electoral, a fin de mantener apoyos directos a través de obras, servicios y dinero en efectivo, beneficios que obtienen también a través de su inscripción como beneficiarios de programas sociales.

En la operación coordinada por el propio gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán, se utilizaron claves para hablar por teléfono y para hacer señalamientos, dar instrucciones y operar acciones en documentos, donde se identifica al mandatario estatal con el alias de “El Almirante”.

Entre los coordinadores iniciales de estas acciones que comenzaron hace 30 meses, se encuentran Mario Osuna y Patricia Ramírez. Quienes son, hoy en día, candidatos a diputados por del PAN en distritos de Tecate y Tijuana.

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